Después de una serie de atroces ataques terroristas en Manchester y Londres y las revelaciones hechas por los servicios secretos británicos de que el número real de sospechosos yihadistas del Reino Unido asciende a decenas de miles, el gobierno está avanzando con sus planes para establecer una Comisión para el Extremismo.
Pero, ¿a qué exactamente se refiere la Primer Ministro y su gobierno cuando hablan de «extremismo»? Simón Calvert, portavoz de la coalición Defend Free Speech, dijo: «Asignar la imposible misión de definir a un extremista a una especie de comisión legal no resuelve el problema central. El término ‘extremista’ se ha convertido en un término sin un significado claro… Es una peyorativa usada por aquellos que están en un lado de un argumento para tratar de marginar a los del otro. Usar el término como base legal para una acción estatal y draconiana contra los ciudadanos presenta un profundo peligro para las libertades civiles, especialmente la libertad de expresión».
El pueblo de Gran Bretaña tenía un nuevo credo secular impuesto en la forma de «valores británicos», ideado por el ex primer ministro David Cameron en el 2011. Ese credo tenía como objetivo impedir que las personas se dedicaran al terrorismo. Asignaba la responsabilidad de implementar la estrategia, incluyendo la referencia de personas consideradas «en riesgo» a un punto central, al personal de los gobiernos locales, las escuelas, el servicio de salud, las universidades, las cárceles y la policía.
Según documentos de la estrategia gubernamental, el extremismo es la «oposición vocal o activa a los valores británicos fundamentales, incluyendo la democracia, el imperio de la ley, la libertad individual y el respeto mutuo y la tolerancia de los diferentes credos y creencias».
Pero es justo aquí donde los críticos plantean sus dudas: ¿Quién decide cuáles son los «valores británicos» y cuáles no son?; ¿Cuánta oposición se considera como demasiada?; ¿Qué cuenta como «oposición»?; ¿Quién decide qué es la tolerancia, cómo se controla y cómo se debe hacer cumplir?
El defensor de los derechos humanos y ex miembro de la Cámara de los Lores, David Alton, dijo: «Por buenas razones, el gobierno todavía no ha llegado a una definición consistente. Al igual que con nuestras leyes de odio, la falta de definición clara tiende a dar más poder y discreción a un regulador».
La comisión llega en un momento en que las encuestas recientes sugieren que el 54% de los ciudadanos británicos expresan no creer en la etiqueta de «extremista» para las opiniones políticas o sociales. Además más del 35% del público británico cree que la salida de la UE y el matrimonio tradicional son ideas extremas, mientras otro 30% ve como extremista querer defender la permanencia en la UE. Al mismo tiempo, el término «democracia» como un «valor» no tiene sentido para la mayoría de los estudiantes británicos.
El propio gobierno no tiene una definición legal clara de lo que significa «extremismo» y «extremismo no violento». El Comité Especial de Derechos Humanos del Parlamento ha señalado firmemente las dificultades y los peligros de definir el extremismo. «No he conocido a nadie que pueda definirlo de manera satisfactoria», dijo David Anderson, un ex consultor independiente que revisó la legislación sobre terrorismo. «La gente se va a quejar de los vecinos; de las personas con las que trabajan; la policía va a sentir que tiene que investigar a todo tipo de personas que están a kilómetros de distancia porque pueden ser terroristas aunque solo sean practicantes conservadores de una religión o tengan opiniones políticas excéntricas».
Theresa May dijo que la estrategia del gobierno «tiene como objetivo abordar todo el espectro del extremismo, sea violento o no violento, ideológico o no ideológico». Solo dos amenazas son discutidas: los yihadistas islámicos y la extrema derecha. Rara vez se menciona a los marxistas radicales, socialistas, comunistas y otras organizaciones de extrema izquierda.
Teniendo en cuenta este contexto, los que se aferran a creencias cristianas tradicionales y puntos de vista conservadores están preocupados de llegar a ser señalados, al menos, como proponentes de la “extrema derecha” del «extremismo no violento».
Las «Órdenes para Interrumpir el Extremismo» (EDOs, por su sigla en inglés) permitirían a la policía restringir las «actividades dañinas» de un sospechoso extremista. La definición de «perjudicial» incluye el riesgo de desorden público u hostigamiento, alarma o angustia, y amenazas al funcionamiento de la democracia. Las restricciones podrían incluir una prohibición de la radiodifusión y un requisito de informar a la policía antes de cualquier publicación en línea, en medios sociales o impresos. La participación en protestas también podría ser prohibida.
Calvert dijo que «la comisión es el último plan del gobierno en sus intentos equivocados para legislar en contra del llamado ‘extremismo no violento’. Los EDOs restringirían las actividades de las personas que el gobierno piensa que están involucradas en ‘actividades extremas’, incluso si no han quebrantado la ley».
Si la comisión tiene la tarea de definir quién es un extremista, se va a convertir en un cuerpo anti-conservador con poderes extremos, similar a las comisiones de derechos humanos de Gran Bretaña y otras naciones. «Esta definición estará en el centro de todas las medidas posteriores para combatir el llamado ‘extremismo no violento'».
Al menos un miembro del parlamento ha pedido que los EDOs se opongan a los maestros que no están de acuerdo con el «matrimonio» entre personas del mismo sexo. En una carta dirigida a un constituyente, Mark Spencer, Ministro del Parlamento conservador, escribió: «Los EDOs, en este caso, aplicarían para el maestro que estaba puntualmente enseñando que el matrimonio homosexual es malo».
Norman Wells, director del Fideicomiso para la Educación de la Familia y quien hace mucho tiempo ha hecho campaña para proteger las libertades religiosas, advierte contra el alcance de los planes anti-extremistas del gobierno. Él dijo al periódico en línea The Register: «Al importar la agenda de la igualdad en la lucha contra el terrorismo, el gobierno ha abierto una lata de gusanos en donde los individuos y grupos que no apoyen la agenda ‘LGBT’, por ejemplo, terminen siendo tratados como extremistas y acusados de discurso de odio».
El Ministerio Público de la Corona define el crimen de odio como: «Cualquier delito que la víctima o cualquier otra persona perciba como motivado por hostilidad o prejuicio basado en la raza de una persona o raza percibida; religión o religión percibida; orientación sexual u orientación sexual percibida; incapacidad o discapacidad percibida y cualquier crimen motivado por hostilidad o prejuicio contra una persona transgénero o percibida como transgénero».
En esencia, si alguien, no solo la víctima, percibe el criterio de la definición anterior, será suficiente para considerarlo como un crimen de odio si se presenta en la vida real. Ciertas opiniones y creencias que reciban la etiqueta de lenguaje de odio pueden finalmente ser etiquetadas como «extremistas». Lord Alton dijo, «La definición del ‘lenguaje de odio’ en la ley es tan amplia que gran parte de la tradición moral cristiana, cuando se expresa claramente, puede caer en conflicto con la ley si la experiencia subjetiva del oyente es negativa.
Agregó que «parte del problema es que hay personas dentro del gobierno que ven a todas las religiones de la misma manera. A menudo, consideran la religión como una amenaza (no solo para su ateísmo secular) y por eso abordan el problema del extremismo con un enfoque que lo abarque todo».
En pocas palabras, etiquetar a alguien como extremista es tener una licencia para odiarlos y perseguirlos.
“Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora”. El Conflicto de los Siglos, pág. 693.
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