AP News, por Peter Smith: Un miembro solicita la Medalla Presidencial de la Libertad para un pastelero que se negó a elaborar un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo.
Otro solicita la intervención judicial del Departamento de Justicia en favor de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia estatal de respetar la identidad de género de los pacientes en cuidados paliativos.
Además, el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa solicita una línea telefónica federal con la siguiente grabación automática: «No existe separación entre Iglesia y Estado».
Estas son solo algunas de las recomendaciones que los miembros del panel asesor formado por el presidente Donald Trump el año pasado desean que se incluyan en el informe final de la comisión.
Dicho informe aún está en elaboración, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus prioridades durante su última reunión en abril. Hubo poca disidencia, ya que los comisionados, en su mayoría provenientes de la base de votantes cristianos conservadores de Trump, abordaron los puntos que desean incluir en el informe.
Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de libertad religiosa entre muchos activistas católicos y evangélicos conservadores: ampliar las vías de expresión religiosa en las escuelas públicas; aumentar las oportunidades para que las organizaciones religiosas reciban fondos públicos; y permitir exenciones por motivos religiosos en áreas que van desde el derecho laboral hasta las clases y los mandatos sanitarios.
Estas opiniones también se han visto reflejadas en las decisiones de la Corte Suprema emitidas en los últimos años por su mayoría conservadora.
Comisión criticada por su visión sesgada
Los críticos de la comisión afirman que encarna la perspectiva parcial de los partidarios de Trump y amenaza la bien establecida separación constitucional entre la Iglesia y el Estado, a pesar de las afirmaciones de su presidente.
Una demanda presentada por una coalición interreligiosa progresista argumenta que la comisión incumple la ley federal que exige que los paneles asesores cuenten con miembros y puntos de vista diversos.
La demanda se hace eco de las críticas de que la mayoría de los comisionados son clérigos y comentaristas cristianos conservadores; uno de ellos es un rabino judío ortodoxo. La coalición afirma que sus miembros han sostenido que Estados Unidos es específicamente una nación judeocristiana o cristiana, y señala que la mayoría de las reuniones de la comisión tuvieron lugar en el Museo de la Biblia en Washington, una institución con liderazgo cristiano.
La administración republicana solicita a un tribunal federal que desestime la demanda. El gobierno alega tecnicismos legales y sostiene que la ley no define cómo debe ser imparcial una comisión ni qué puntos de vista deben estar representados.
Otra entidad creada por Trump —el Grupo de Trabajo para Erradicar el Prejuicio Anticristiano— publicó un informe que afirma que los cristianos sufrieron discriminación bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden en áreas como la educación, la legislación fiscal y el enjuiciamiento de manifestantes antiaborto. Grupos progresistas afirmaron que dicho informe no documentó la discriminación sistémica, se centró en causas favorecidas por los cristianos conservadores y constituyó más una defensa de intereses que una investigación.
En otra muestra de la interconexión de iniciativas relacionadas con Trump, varios miembros de la Comisión de Libertad Religiosa participarán en un acto de oración el 17 de mayo para conmemorar el próximo 250 aniversario del país. Varios también participaron en una reciente maratón de lectura de la Biblia, celebrada principalmente en el Museo de la Biblia.
Armonía y tensión dentro de la comisión
La comisión se ha caracterizado en general por el consenso entre sus miembros, con una notable excepción. Una comisionada, Carrie Prejean Boller, fue destituida en febrero tras una polémica audiencia sobre antisemitismo.
El presidente de la comisión, Dan Patrick, afirmó que Prejean Boller intentó manipular la audiencia, en la que mantuvo acalorados intercambios con los testigos sobre la definición de antisemitismo y defendió a la comentarista Candace Owens, negando su historial de declaraciones antisemitas. Prejean Boller, católica, sostuvo que fue destituida injustamente por expresar sus creencias.
En otras audiencias, los testigos describieron cómo desafiaron las normas laborales que, según ellos, entraban en conflicto con sus valores religiosos conservadores en materia de género, aborto, vacunas contra la COVID-19 y otros temas. Algunos declararon que se les impidió, al menos temporalmente, exhibir un símbolo religioso en el trabajo o cantar una canción cristiana en un concurso de talentos escolar.
En la audiencia dedicada al antisemitismo, testigos judíos relataron haber sido acosados y amenazados en protestas propalestinas contra Israel en sus campus universitarios. La comisión también ha escuchado a testigos hindúes, musulmanes, sijs y de otras confesiones.
Aun así, los críticos afirman que la comisión se centró principalmente en las quejas de los cristianos conservadores y de la derecha política.
El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, presidente de la Alianza Interreligiosa progresista, uno de los grupos que demandaron por la composición de la comisión, declaró que las omisiones del panel son tan significativas como los temas en los que se centra.
Añadió que la comisión no ha abordado adecuadamente cuestiones como los esfuerzos antimusulmanes en Texas y otros lugares, ni el auge del antisemitismo en la derecha, no solo en la izquierda.
Debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado
Raushenbush expresó su especial preocupación por el hecho de que el presidente de la comisión cuestione la noción misma de separación entre Iglesia y Estado.
Patrick, republicano y vicegobernador de Texas, denunció repetidamente un concepto que está arraigado en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
“Debemos afirmar que no existe separación entre Iglesia y Estado”, declaró Patrick en la reunión de abril. “Eso es mentira”. Sugirió imprimir “un millón de calcomanías para autos” con ese mensaje.
Nadie en la reunión de la comisión discrepó.
Trump hizo comentarios similares en un acto de oración en la Casa Blanca en 2025. “Dicen que hay separación entre Iglesia y Estado”, dijo Trump. “Yo dije: ‘Está bien, olvidémonos de eso por una vez’”.
Si bien la frase “separación entre Iglesia y Estado” no aparece en la Constitución, decisiones de la Corte Suprema del siglo XX citaron la descripción que hizo Thomas Jefferson de la Primera Enmienda como la creación de “un muro de separación entre Iglesia y Estado”. El tribunal aplicó la prohibición de la Primera Enmienda sobre el establecimiento de iglesias a los estados, además del gobierno federal, citando la prohibición de la Decimocuarta Enmienda que impide a los estados negar los derechos de los ciudadanos.
Desde entonces, los tribunales han debatido cómo equilibrar la libertad religiosa y la libertad frente a la religión patrocinada por el gobierno.
Las preocupaciones abarcan escuelas, vacunas, lugares de trabajo y más.
Patrick ha abogado por la oración y la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.
«No tengo ninguna animosidad hacia quienes no creen en ningún tipo de fe», dijo Patrick a sus colegas comisionados. «Está bien. Eso es lo que representa Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con estas organizaciones impulsadas por alguna ideología y por el poder adquisitivo de alguien que quiere eliminar a Dios de nuestro país? Debemos oponernos a ellas».
En otros temas, varios comisionados pidieron que se exija a las escuelas y lugares de trabajo publicar avisos sobre los derechos de expresión religiosa y las exenciones.
Algunos pidieron que se restablecieran el sueldo completo y las prestaciones de pensión para los militares dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID-19.
El obispo Robert Barron, de la diócesis católica de Winona-Rochester, Minnesota, pidió que se permitiera a grupos religiosos como Caridades Católicas recibir fondos federales sin comprometer las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la familia.
También afirmó que los inmigrantes católicos detenidos deben recibir un trato humano y acceso a los sacramentos, y que los agentes de inmigración no deben interrumpir los servicios religiosos durante las operaciones de control migratorio. El año pasado, la administración eliminó una política que prohibía el control migratorio en santuarios, algo que, según otros líderes religiosos, no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia.
Kelly Shackelford, presidente y director ejecutivo de la organización legal First Liberty Institute, solicitó nuevos requisitos que obliguen a los gobiernos a pagar todos los gastos legales si pierden un caso de libertad religiosa. Señaló que muchas personas carecen de los recursos económicos para demandar al gobierno ante los tribunales.
«Eso supondría un enorme cambio de poder a favor de los ciudadanos», afirmó.
Conexión Profética:
«La Biblia enseña la separación de la Iglesia y el Estado (Mateo 22:17-22) y, por lo tanto, la libertad religiosa para todos. Los gobiernos terrenales no pueden coartar la conciencia ni usurpar el lugar reservado solo a Dios en la teocracia de Israel. Dios no restablecerá su teocracia hasta la segunda venida de Cristo. Hasta entonces, los hombres no deben arrogarse autoridad sobre la conciencia humana que Dios no les ha confiado.» From Eternity Past, 551.3
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