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USA Today, por Geoffrey S. Corn y Rachel E. VanLandingham: No podemos encerrar el coronavirus en una celda y tirar la llave, por mucho que nos gustaría. Pero deberíamos considerar darle a nuestro sistema de justicia la oportunidad de prevenir algunas de las imprudencias relacionadas con el COVID que seguimos viendo a nuestro alrededor, haciendo lo que se supone que hace el derecho penal: disuadir el comportamiento perjudicial.

Primero, seamos francos. Cualquier propuesta para aprovechar el poder de las leyes penales para hacer frente a la crisis de COVID-19 conlleva riesgos obvios, sobre todo la aplicación arbitraria o discriminatoria que contribuiría al escepticismo sobre la legitimidad de los esfuerzos del gobierno para controlar el virus. Este escepticismo ya existe como resultado de las desigualdades raciales, y las sanciones podrían exacerbarlo.

Por ejemplo, sancionar el hecho de no llevar una máscara otorga a la policía una amplia discreción para decidir quién debe ser citado, lo que abre la puerta a una aplicación de la ley potencialmente abusiva. Aún así, ¿estas legítimas preocupaciones sistémicas justifican el ignorar completamente la sanción penal como un medio para responder al comportamiento peligroso?

Las leyes penales pueden prevenir el daño

Cuando se aplica cuidadosa y justamente, el derecho penal – un reflejo de la condena moral colectiva de la sociedad por su comportamiento – tiene como objetivo disuadir y prevenir la conducta dañina. Considere el aumento de la aplicación de las sanciones penales por conducir en estado de embriaguez en las últimas décadas del siglo XX. Cuando los individuos se enfrentaron a la posibilidad real de ser arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol, la conducción en estado de ebriedad disminuyó. Si bien la magnitud de esa onza de prevención depende de factores como la rapidez de la tramitación de los casos en los tribunales, el punto es válido: El derecho penal, cuando se aplica, puede prevenir los daños.

Es hora de preguntarse si estamos en un punto similar con la pandemia. Los Estados Unidos ya han superado las 319.000 muertes relacionadas con el COVID, sin embargo, demasiados estadounidenses siguen ignorando medidas de seguridad simples y potencialmente salvadoras de vidas con pleno conocimiento de que su conducta crea un riesgo injustificado para los demás. Lamentablemente, este riesgo no sólo propaga la ansiedad y la enfermedad, sino que a veces también tiene consecuencias mortales. No debería haber impunidad para una conducta tan imprudente.

Un estudiante americano fue encarcelado en las Islas Caimán la semana pasada por violar las estrictas reglas COVID-19 del territorio británico. Los Estados Unidos deben empezar a tratar la exposición temeraria de otros a tal riesgo como lo que es: un crimen. Ya sea que se le acuse de violar las normas de salud pública, de poner en peligro de manera imprudente o incluso de agresión criminal, el resultado final es que en algún momento la gente debe rendir cuentas por su indiferencia hacia la salud y la seguridad de los demás con los que interactúa. Y con la capacidad en evolución de establecer un vínculo probatorio real entre esa indiferencia temeraria y la muerte resultante de COVID-19, incluso la perspectiva de un enjuiciamiento por homicidio involuntario no está descartada.

Probar un crimen tan grave puede parecer inverosímil, pero no es un salto tan grande como algunos pueden suponer. Un ejemplo es un informe reciente sobre los trabajadores de un asilo de ancianos en el estado de Washington cuya decisión de asistir a una boda parece estar directamente relacionada con la muerte de algunos de sus pacientes. Como en el caso de la conducción en estado de embriaguez, en el que los fiscales pueden probar que la muerte de la víctima era una consecuencia razonablemente previsible de la imprudencia del acusado, el homicidio involuntario es un cargo apropiado.

El enjuiciamiento penal por conducta temeraria sirve para disuadir a otros de poner en riesgo al resto de nosotros. Reconocemos que el enjuiciamiento de esos casos no sería ni rutinario ni fácil, y que sería difícil probar un vínculo causal entre la conducta imprudente de un acusado y la posterior muerte de COVID-19. No obstante, ¿justifica este reto que sigamos encogiéndonos de hombros ante una conducta tan descarada y a sabiendas tan arriesgada, es decir, imprudente? ¿Deberían aquellos que imprudentemente ponen en peligro al resto de nosotros como resultado de este comportamiento hacerlo con impunidad?

La libertad no es una licencia para ser imprudente

Creemos que ha llegado el momento de que los fiscales examinen detenidamente estas cuestiones y la forma en que el ejercicio de su autoridad de enjuiciamiento puede contribuir al esfuerzo general de mitigar este riesgo de pandemia.

En última instancia, la cuestión no es si tal enjuiciamiento presentaría desafíos. En cambio, los estadounidenses deben preguntarse esto: ¿Sigue siendo aceptable permitir que aquellos de nosotros que son plenamente conscientes del riesgo que infligen a los demás al ignorar las medidas de seguridad de COVID-19 sigan actuando con impunidad?

La libertad individual es un valor americano muy apreciado, pero no da derecho a los individuos a poner en riesgo a otros a sabiendas. Como explicó la Corte Suprema hace más de un siglo en un caso que impugnaba el castigo penal por negarse a aplicar una vacuna obligatoria contra la viruela, «La sociedad basada en la regla de que cada uno es una ley para sí mismo pronto se enfrentaría al desorden y la anarquía». La verdadera libertad para todos no podría existir bajo la aplicación de un principio que reconociera el derecho de cada persona a utilizar la suya propia, ya sea con respecto a su persona o a su propiedad, independientemente del daño que pueda causarse a los demás».

Quienes confunden la libertad protegida con la irresponsabilidad, quienes optan por ignorar las medidas de seguridad pública y ponen a otros en peligro, merecen enfrentar las consecuencias de su imprudencia. Es de esperar que la persecución de esos casos disuada a otros con inclinaciones similares de hacer lo mismo, salvando así vidas preciosas.

Nuestro Comentario:
¿Se convertirá la observancia del sábado, cuando está prohibido por la ley, en una imprudencia perjudicial para los demás?

Conexión Profética:
“Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos.” El Conflicto de los Siglos, pág. 673.

Source References

• Exposing others to risk is a crime. Why aren’t we prosecuting reckless COVID-19 conduct?