New York Times, por Katie Benner: El gobierno federal reanudará las ejecuciones de los condenados a muerte después de un paréntesis de casi dos décadas, dijo el jueves el fiscal general William P. Barr, contrarrestando un amplio cambio nacional que alejaba la pena de muerte a medida que el apoyo público a la pena capital ha disminuido.
El anuncio revirtió lo que había sido esencialmente una moratoria sobre la pena de muerte federal desde 2003. Cinco hombres condenados por asesinar niños serán ejecutados en diciembre y enero en la penitenciaría federal en Terre Haute, Ind., dijo el Sr. Barr, y ejecuciones adicionales serán programadas para más adelante.
Los fiscales aún buscan la pena de muerte en algunos casos federales, incluso para Dylann S. Roof, declarado militante de la supremacía blanca que mató a tiros a nueve feligreses afroamericanos en 2015, y Dzhokhar Tsarnaev, el terrorista de la maratón de Boston. Ambos fueron condenados y sentenciados a muerte.
Pero el gobierno federal solo ha ejecutado a tres reclusos desde que restableció la pena de muerte en 1988, incluidos Timothy J. McVeigh, el terrorista de Oklahoma City, en 2001, y Louis Jones Jr., quien fue ejecutado en 2003 por la violación y asesinato de un mujer soldado.
«Bajo las administraciones de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores delincuentes», dijo Barr en un comunicado. «El Departamento de Justicia defiende el estado de derecho y es nuestro deber para con las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia.»
El presidente Trump ha apoyado durante mucho tiempo la pena de muerte, declarando el año pasado que los narcotraficantes deberían ser ejecutados. Al aplicarlo a los reclusos condenados por asesinar a niños, él puede presentar un argumento políticamente más poderoso para que el público apoye la pena de muerte.
Los demócratas, incluidos los aspirantes a la presidencia, criticaron de inmediato la directiva del Sr. Barr. La senadora Kamala Harris de California calificó la pena capital de «inmoral y profundamente defectuosa». La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts reiteró su oposición a la pena de muerte, y el representante Tim Ryan de Ohio la calificó de «abiertamente prejuiciada y aplicada de manera desigual.»
Los candidatos demócratas se han opuesto cada vez más a la pena de muerte después de décadas de partidarios incondicionales del partido que la respaldan para parecer duros contra el crimen. El ex vicepresidente Joseph R. Biden Jr. cambió su opinión cuando dio a conocer una plataforma de justicia penal el martes, uniéndose a casi todos sus oponentes. Señaló que 160 personas condenadas a muerte desde 1973 en los Estados Unidos fueron exoneradas más tarde, una estadística que repitió el jueves en Twitter, y agregó: «Debido a que no podemos asegurarnos de que todos estos casos hayan sido juzgados correctamente, debemos eliminar la pena de muerte.»
El Sr. Biden fue el principal patrocinador del proyecto de ley que se convirtió en la Ley de Delitos Violentos y la Aplicación de la Ley de 1994. Algunos de los reclusos que ahora están programados para ser ejecutados son elegibles para la pena de muerte federal bajo esa ley.
En respuesta al anuncio del Departamento de Justicia, la Representante Ayanna S. Pressley, demócrata de Massachusetts, presentó un proyecto de ley que aboliría la pena de muerte federal.
La Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, cuatro años después de haberla anulado efectivamente. Muchos estados adoptaron rápidamente leyes que restauraban la pena capital, aunque el gobierno federal no lo hizo hasta 1988 por algunos delitos y para muchos más en 1994.
Al igual que el presidente, el Sr. Barr ha apoyado durante mucho tiempo la pena capital, incluso durante su primer período como fiscal general durante la administración de George Bush. «Necesitamos una pena de muerte para disuadir y castigar los crímenes federales más atroces, como los asesinatos cometidos por terroristas», escribió Barr en un artículo de opinión en The New York Times en 1991 cuando era fiscal general interino. «Esa sanción enviaría una advertencia a los traficantes de drogas y las pandillas.»
Pero las actitudes públicas hacia la pena de muerte han cambiado en las décadas siguientes. El apoyo pasó de casi el 80 por ciento en 1996 a un mínimo de dos décadas hace tres años, cuando poco menos de la mitad de los estadounidenses encuestados la respaldó para personas condenadas por asesinato, según el Centro de Investigación Pew. El centro descubrió que el respaldo público a la pena capital aumentó hasta un 54 por ciento el año pasado.
La pena capital cayó en desgracia cuando los investigadores cuestionaron si disuadía a las personas de cometer crímenes atroces a medida que más abogados defensores demostraron que sus clientes habían sido condenados injustamente. Según los datos del Centro de Información sobre Pena de Muerte, en los últimos años se han producido menos de dos docenas de ejecuciones anualmente en los Estados Unidos, en comparación con un máximo de 98 en 1999.
Al aumentar la presión para reemplazar la pena capital con cadena perpetua, 21 estados han prohibido la pena de muerte.
Los defensores de los derechos civiles también han notado la disparidad racial entre los reclusos condenados a muerte y argumentaron que la pena capital se aplica desproporcionadamente a los hombres negros.
«La pena de muerte está plagada de prejuicios raciales y geográficos», dijo Cassandra Stubbs, directora del Proyecto de Castigo Capital en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. «La ciencia basura ha jugado un papel descomunal en quién recibe la pena de muerte y quién no», agregó, señalando casos de expertos que exageran la evidencia de cabello o huellas dactilares en los testimonios ante la corte.
Los defensores y los reclusos también han argumentado en demandas contra gobiernos estatales y federales que la práctica era inhumana. Muchos de ellos se centraron en ejecuciones fallidas donde las drogas utilizadas eran ineficaces o causaban un sufrimiento severo antes de la muerte.
Hace casi una década, los fabricantes de drogas en los Estados Unidos y Europa dejaron de vender los sedantes que los funcionarios de la prisión habían usado durante mucho tiempo para dejar a los presos inconscientes antes de ejecutarlos. En al menos un caso, un prisionero en Oklahoma recuperó la conciencia durante una ejecución estatal en la que se utilizó un sedante alternativo.
El ex presidente Barack Obama inmediatamente consideró poner fin a la pena de muerte federal después de esa ejecución fallida; ordenando al Fiscal General Eric H. Holder Jr. que estudie el tema, pero la propuesta del Sr. Holder de declarar una moratoria formal nunca prosperó.
Una demanda federal presentada por varios reclusos condenados a muerte en 2005 desafiando el uso del cóctel de tres drogas, que está pendiente en un tribunal federal en el Distrito de Columbia, ha estado en el limbo porque el gobierno ha tenido dificultades para obtener las drogas utilizadas en esa combinación.
El Departamento de Justicia, que regularmente le ha dicho al tribunal que estaba revisando su protocolo de pena de muerte, presentó una notificación el jueves de que se estaba decidiendo por el uso de pentobarbital. La medida probablemente incitará a los demandantes a revisar su caso.
Los cinco hombres recientemente programados para ser ejecutados no se encuentran entre los demandantes en el caso, y el Departamento de Justicia dijo que los cinco han agotado sus apelaciones.
El período de la Corte Suprema que terminó el mes pasado presentó varios enfrentamientos amargos sobre si los reclusos pueden desafiar el uso de los productos químicos utilizados en las inyecciones letales con el argumento de que pueden causar un dolor intenso.
En 2015, la Corte Suprema examinó si la inyección letal era un castigo inconstitucionalmente cruel. Los jueces confirmaron el uso de la inyección letal, pero en una disidencia, el juez Stephen G. Breyer instó a la Corte Suprema a que revise nuevamente la constitucionalidad de la pena de muerte.
Dijo que había pruebas de que personas inocentes habían sido ejecutadas, que las exoneraciones de los condenados a muerte eran frecuentes, que las penas de muerte se imponían arbitrariamente y que el sistema de justicia capital estaba deformado por la discriminación racial y la política.
Pero solo la jueza Ruth Bader Ginsburg se unió a la disidencia del juez Breyer, y no ha habido indicios de que la mayoría de los jueces tengan dudas sobre la constitucionalidad de la pena de muerte. Por el contrario, los cinco miembros más conservadores de la corte han expresado su frustración con lo que dicen es el juego de litigios utilizado por los opositores de la pena capital para aplazar las ejecuciones.
En términos más generales, han señalado que el castigo está contemplado en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta, que exigen grandes jurados en casos federales que involucran «un crimen capital u otro delito infame» y dicen que ninguna persona puede ser privada «de vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal.”
Conexión Profética:
“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.” Apocalipsis 13:15.