«El Superior Tribunal de Justicia de Trinidad y Tobago dictaminó el 12 de abril de 2018 que las leyes que penalizan la intimidad consentida entre adultos del mismo sexo son inconstitucionales… La Sección 13 de la Ley de Delitos Sexuales de Trinidad y Tobago castiga la ‘sodomía’ o coito anal, punible con sentencias de hasta 25 años de prisión. La sección 16 del mismo acto, sobre «indecencia grave», estipula que una persona que tenga intimidad sexual con una persona del mismo sexo sin tener relaciones sexuales puede ser condenada a una pena de prisión de hasta cinco años».
«El Supremo Tribunal de Trinidad y Tobago, con este fallo, hizo una poderosa declaración de que las sanciones legales sobre la intimidad entre personas del mismo sexo afectan los derechos básicos, que van desde la privacidad y la vida familiar hasta la libertad de pensamiento y expresión», dijo Boris Dittrich, director de defensa de los derechos humanos LGBT ante Human Rights Watch. «Este es un importante paso adelante en una región donde los derechos de las personas LGBT están restringidos».
«[Jason] Jones, [el demandante en el caso] que impugnó la ley, es un ciudadano abiertamente homosexual de Trinidad y Tobago que abandonó el país debido a una discriminación severa por su orientación sexual. Él visita el país de vez en cuando y sostuvo en su demanda que las leyes contra la sodomía lo obligaron a renunciar a las relaciones sexuales consensuadas con un compañero o arriesgarse a ser encarcelado».
«El razonamiento de la corte de que las personas deben poder tomar decisiones sobre a quién aman y con quién desean formar una familia, sin tener que vivir bajo la amenaza constante de que en cualquier momento puedan ser procesados, es muy fuerte», dijo Dittrich.
La corte también razonó en su fallo que esta amenaza es sancionada por el estado, y que sirve para justificar la creencia de que las personas LGBT son criminales y, por lo tanto, se considera que tienen un valor menor que otras personas.
La decisión apoyará a otros activistas de derechos humanos en el Caribe para recurrir a los tribunales y tratar de revocar las disposiciones penales de sus propios países que prohíben los actos homosexuales consentidos. Muchas antiguas colonias británicas en el Caribe conservan leyes de la época colonial que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo. El Superior Tribunal de Trinidad y Tobago es el segundo tribunal en el Caribe en anular estas leyes por considerarlas inconstitucionales, siguiendo una resolución similar en Belice en 2016.
“Asimismo como sucedió en los días de Lot…”