Cuando Rodrigo Duterte fue elegido presidente de las Filipinas ya contaba con una larga lista de tareas por hacer: una brutal agenda en la cual prometía acabar con la criminalidad en un lapso de tres a seis meses. En las primeras siete semanas de gobierno del muy popular Presidente, más de 1.900 personas fueron asesinadas en una ofensiva contra el tráfico de drogas. Con la aprobación de Duterte, la tasa de ejecuciones extrajudiciales se disparó. No obstante, sólo se ha podido comprobar que 800 de esas muertes fueron realizadas por la policía durante las operaciones antidrogas. El resto, ocurrieron bajo «circunstancias todavía desconocidas».
«Lo que está emergiendo es el retrato de un líder, y un pueblo, dispuestos a suspender temporalmente el proceso judicial: el estado de derecho y el derecho a un juicio, a cambio de una línea dura que lleve a una mayor sensación de seguridad». Los filipinos están muy cansados de los altos índices de criminalidad en el país y por ello, Duterte cuenta con el 91% del apoyo popular.
«Una gran cantidad de personas consideran que los homicidios son un mal necesario para conseguir los objetivos de la agenda», dice Anni Piiparinen, especialista en la seguridad del sudeste asiático en el Consejo del Atlántico y Directora Asistente de la iniciativa cibernética de gobierno allí. La tasa de criminalidad ha bajado desde que Duterte entró a gobernar, así como lo hizo en la ciudad de Davao durante su mandato como alcalde. «Muchas personas están dispuestas a hacer este sacrificio», agregó.
El jefe de la Policía Nacional, Ronald de la Rosa, insistió en una audiencia «que no existía una política oficial para matar a los distribuidores o consumidores de drogas… No somos carniceros», expresó.
Al parecer, los responsables de muchos de los homicidios aún no resueltos son vigilantes que cuentan con la aprobación tácita de la policía, y en otros casos, ha sido la misma policía. Hasta el momento, la violencia patrocinada por el Estado ha hecho que 114.833 personas se entreguen. Entre ellos, hay adictos a las drogas o distribuidores.
«Olvídense de las leyes en materia de derechos humanos», dijo en su último discurso de campaña. «Si llego a la casa presidencial, voy a hacer lo que hice como alcalde. Ustedes, vendedores de drogas, traficantes y buenos para nada, mejor que se vayan porque los podría matar».
Después que Duterte se convirtiera en alcalde de Davao, los crímenes relacionados con la droga descendieron en un 75 por ciento. Los asaltos y hurtos son cosa rara y los izquierdistas ya no son violentos. Ahora es seguro caminar por la noche.
La combinación de la corrupción política y el cansancio de pasar muchos años sufriendo con la delincuencia ha hecho que en muchos filipinos exista el anhelo de tener una figura fuerte como Duterte.
Sin duda alguna, la anarquía que reina en Filipinas es una preparación para lo que se prevé que sucederá en los últimos días cuando la gente tome el asunto en sus propias manos y trate de matar al pueblo de Dios sin realizar el debido proceso.
«Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros». El Conflicto de los Siglos, pág. 689.