La vigilancia masiva no se inició después del 11 de septiembre. El gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas comenzó a llevar registros secretos de todas las llamadas internacionales que hacían prácticamente todos los estadounidenses casi una década antes de que sucedieran los ataques terroristas en Nueva York y Washington. Éste llegó a ser el «plan maestro» para una vigilancia mayor de la seguridad nacional.
Entre los países que participan en la recolección de detalles telefónicos se incluye Canadá, México y la mayor parte de Centro y Sudamérica. Los funcionarios afirman que los datos han sido útiles para identificar las redes de traficantes de drogas y lavado de dinero. Aunque el Departamento de Justicia reveló el programa, no ha dicho cuán grande fue la escala de la operación (actualmente suspendida). Por ahora, este es el primer esfuerzo que se conoce en el cual el gobierno estadounidense realizó un control masivo de la información privada de sus propios ciudadanos, independientemente si eran sospechosos o no de un crimen.
A través del control de los registros, no del contenido de las llamadas telefónicas internacionales, la DEA pudo crear un mapa de las comunicaciones de los sospechosos y así vincularlos a otros datos policiales y de inteligencia. Ellos afirmaron que contaban con la aprobación de los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos, incluyendo a Janet Reno, entonces fiscal general, y su asistente Eric Holder.
Cabe mencionar que esto fue una violación de la Constitución de Estados Unidos, la cual requiere que se cuente con una orden judicial para tales cosas. Las bases para derrocar completamente la Constitución de los Estados Unidos fueron establecidas hace décadas. Los Estados Unidos llegarán a ser un país que «repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano”… Testimonios para la Iglesia, Vol. 5, página 426.
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