El magistrado Sheri Pym dictaminó que Apple debe colaborar con el FBI en posibilitar el acceso al iPhone perteneciente a uno de los asesinos de la masacre ocurrida en San Bernardino, California. Sin embargo, Apple se resiste a hacerlo y argumenta que la privacidad es más importante que la seguridad nacional.
Se trata de una larga batalla en Silicon Valley denominada las «puertas traseras» de la encriptación y cuya muy alta prioridad es la protección de los datos de los clientes. La lucha comenzó en la época en la cual Edward Snowden dio a conocer el grado en que las empresas de tecnología y teléfonos estaban ayudando a las autoridades federales de los Estados Unidos a espiar los datos que se transmiten a través de su red.
No obstante, la demanda del FBI y del juez va más allá de eso. La orden pide a Apple que cree una forma de acceder a los datos almacenados en un teléfono. Apple cooperó en la entrega de información de iCloud pero ésta se actualizó mucho antes que los ataques. El FBI quiere datos más recientes.
Después de las revelaciones de Snowden, Facebook, Apple y Twitter han dicho de manera unilateral que no van a crear más puertas traseras. La razón es porque esto afecta la confianza de la gente en la privacidad de sus productos.
Precisamente esa puerta trasera es la que está siendo solicitada por el FBI ya que los usuarios de iPhone pueden establecer una función de seguridad que sólo permite un cierto número de intentos para adivinar la contraseña correcta a fin de desbloquear el teléfono antes de que se borren todos los datos en el iPhone: una medida de protección que pretende mantener importante datos fuera de las manos equivocadas.
El FBI está buscando más información tras el asesinato en serie de San Bernardino y por lo tanto, quiere que Apple deshabilite esta característica de seguridad. Por su parte, Apple dice que se requeriría un sistema operativo paralelo que pondría en peligro la seguridad y dejaría el teléfono vulnerable para los hackers, espías y el gobierno federal.
Tim Cook, director de Apple, publicó una declaración en el sitio web de la compañía en el cual expresa: «No podemos encontrar ningún precedente para que una compañía americana sea obligada a exponer a sus clientes a mayores riesgos de ataques. Durante años, los criptógrafos y los expertos en seguridad nacional han estado advirtiendo en contra del debilitamiento de la encriptación. Hacerlo sería causarles daño a los ciudadanos bien intencionados y respetuosos de la ley que confían en empresas como Apple para proteger sus datos».
La orden judicial crearía serios problemas para los usuarios de iPhone si llegase a ser implementada. Si el gobierno de EE.UU. puede hacer esta demanda, ¿por qué no los gobiernos de China o Rusia? Además, el Gobierno tendría una «llave maestra» que podría utilizar para acceder a otros teléfonos. ¿Quién podría asegurar que el gobierno no haría mal uso de este poder?
Por ahora Apple, Google y otras empresas de tecnología están comenzando a producir un cifrado que incluso no pueda romperse tras un esfuerzo para responder a las demandas de la privacidad del consumidor.
Tener poder para espiar a los ciudadanos será esencial para hacer cumplir las leyes de adoración mundial del tiempo del fin. Por ahora, esta batalla se está librando en otros dominios. Pero sin duda, el resultado será acelerar o desacelerar el avance hacia la crisis final.
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